El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, se jubilará el próximo miércoles, día en el que se celebrará un Pleno de despedida en el órgano y donde comenzará a abordarse por parte del algunos vocales el debate sobre el futuro inmediato de la institución.
El pasado 13 de octubre, Mozo fue elegido por sus compañeros presidente suplente del Consejo tras la dimisión del magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes. Era el vocal de mayor edad dentro del órgano y el acuerdo adoptado por el Pleno estableció que el consejero de mayor edad "de los que lo integren en cada momento" la institución ejercería las funciones de presidente tras producirse un vacío de poder desconocido en nuestra democracia.
Cuando Rafael Mozo fue designado para asumir las funciones del presidente del Consejo -las funciones del presidente del Supremo recaen en la actualidad Francisco Marín Castán, produciéndose una bicefalia también inédita-, el Partido Socialista y el Partido Popular se encontraban negociando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Los vocales creyeron entonces que Mozo iba a ostentar la presidencia durante días o a lo sumo escasas semanas. Pero no fue así. El acuerdo saltó por los aires cuando el presidente Pedro Sánchez confirmó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que iba a modificar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés. A la postre se vio que no era una reforma del tipo penal, sino su derogación.
Lo cierto es que la marcha de Mozo abre un nuevo escenario en el CGPJ porque coincide con la celebración de las elecciones generales del 23-J y la posibilidad de que se produzca un cambio de signo político en el Gobierno de España.
De ahí que su marcha se produzca en un momento de máxima incertidumbre en el órgano de gobierno de los jueces, donde sus miembros esperan a ver qué formación política se hace con el Poder Ejecutivo para poder vislumbrar el futuro inmediato del Consejo.
Feijóo se ha comprometido en su programa electoral a derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al CGPJ efectuar nombramientos discrecionales y ha anunciado que modificará la citada Ley para que los vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces, tal y como exige la Comisión Europea.
Esto lleva a la mayoría de los consejeros a concluir que la situación a día de hoy es de "imprevisión absoluta" a la espera de saber qué Gobierno se conforma en nuestro país.
El mecanismo establecido por el Pleno en octubre provoca que el vocal de mayor antigüedad llamado asumir automáticamente la presidencia el próximo 20 de julio sea el catedrático de Derecho Civil y abogado Vicente Guilarte. Designado por el PP para formar parte del Consejo, lo cierto es que su trayectoria dentro del órgano ha sido la de un consejero con criterio propio al que muchos han calificado de "verso suelto".
Sin embargo, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Guilarte no ha desvelado aún a los vocales si va a aceptar la presidencia, ya que al ejercer la abogacía son varias las voces que consideran que podría incurrir en una incompatibilidad para el cargo. Dicho en otras palabras, que debería renunciar a trabajar como abogado si ejerce la presidencia del Consejo, aunque sea por sustitución y como suplente.
En el último Pleno celebrado en el órgano de gobierno de los jueces, la vocal Nuria Díaz Abad preguntó directamente al vocal Guilarte si pensaba aceptar la presidencia ante la inminente jubilación de Mozo. El consejero, apoyado por otros vocales que consideraron improcedente la pregunta, no aclaró la cuestión.
La mayoría de vocales consultados por EL MUNDO consideran que lo prudente es convocar un Pleno extraordinario la última semana de julio -es decir, una vez celebrada las elecciones generales- y en dicha reunión analizar la situación más allá de los automatismos previstos.
Guilarte aguardará hasta entonces para dar a conocer su postura sobre la presidencia, según informan fuentes jurídicas. La propia legislación otorga un plazo de ocho días a aquel funcionario público que incurra en una "incompatibilidad sobrevenida", indican fuentes del Consejo.
De no asumir la presidencia, el siguiente vocal de mayor edad es el magistrado del Supremo Wenceslao Olea, quien recurrió ante su propia Sala -la de lo Contencioso-Administrativo- la designación de Mozo como presidente suplente de Lesmes al considerar que con su nombramiento se estaba vulnerando la Constitución. Finalmente, Olea desistió de impugnar la citada designación después de que el Supremo rechazase suspender el acuerdo del Pleno que dio la presidencia al vocal progresista y no llegó a formalizar la demanda ante la Sala Tercera.
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