La Operación Campamento espera desde hace diez años el desarrollo de 10.000 pisos
Las tres administraciones -Central, regional y municipal- pactaron en 2001 destinar el suelo a vivienda libre y protegida y a zonas verdes y equipamientos
MADRID. La Operación Campamento sigue pendiente de desarrollo, sobre la mesa de las diferentes administraciones. Al igual que ocurre con la Operación Chamartín, ambas son iniciativas de enorme complejidad -por ser muchos los afectados, tanto del ámbito público como del privado- que llevan más de diez años dando vueltas sin que ninguna de las dos haya arrancado. En el caso de los terrenos de Defensa en Campamento, son más de 9 millones de metros cuadrados de suelo sobre los que construir más de 10.000 viviendas, más de la mitad protegidas.
Una cantidad ingente de suelo que, de aplicarse en su totalidad a vivienda protegida -como ha apuntado el líder socialista madrileño, Rafael Simancas, como parte del llamado «Plan Zapatero»- serviría sin duda para dar cobertura a parte de la demanda de vivienda a precios asequibles que existe en la región. Sin embargo, no será tarea fácil, dado que los expertos del mundo inmobiliario especifican que convertir ese suelo en «construible» llevará años. En efecto, en el sector se señala que los suelos primero tendrán que ser declarados innecesarios para la Defensa Nacional, y luego tendrán que ser desafectados.
Si Defensa destina todo este terreno a vivienda pública, perdería la ocasión de obtener unos importantes beneficios de la venta de parte del suelo para la construcción de vivienda libre. De hecho, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ofreció, en 2000, a Defensa la cantidad de 70.000 millones de las antiguas pesetas por sus derechos sobre el suelo de Campamento.
Cambio de titulares
Cualquier cambio en los planes que inicialmente se comprometieron para este ámbito -y que recoge el convenio firmado en 2001 entre los ministros de Defensa y Fomento, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y el que era alcalde de la capital- debería contar con el beneplácito de todos los afectados. Todos diferentes a los de entonces: por parte del Estado, serían los ministros de Vivienda y Defensa -los socialistas Elena Trujillo y José Bono-, mientras que por parte local, los interesados son la presidenta regional Esperanza Aguirre y el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón.
Las instalaciones militares de Campamento se levantan sobre una extensión de 8,8 millones de metros cuadrados. Las tres administraciones pactaron y rubricaron que la urbanización y construcción de los pisos en dichos terrenos se realicen durante un plazo máximo de 15 años.
El proyecto se dividía, según el acuerdo a que llegaron las administraciones, en dos zonas: el área de Planeamiento Remitido -los emplazamientos de los antiguos cuarteles a ambos lados de la N-V-, y la zona de Suelo Urbanizable No Programado, de 6.800.000 metros cuadrados, más al norte. En la primera fase, se liberarán alrededor de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo edificable que permitirá construir casi 6.000 viviendas protegidas y 4.200 de precio libre. Además, se destinarán 350.000 metros cuadrados a espacios libres y zonas verdes y otros 400.000 a equipamientos sociales.
«Terratenientes»
Defensa es uno de los mayores propietarios de suelo público en todo el país. En la región, cuenta con inmuebles especialmente valorados: la Escuela Politécnica de la calle Joaquín Costa y el cuartel de ingenieros de Raimundo Fernández Villaverde. Ambos con un valor, según fuentes inmobiliarias, de más de 250 millones de euros.
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